Por Moisés Ixchajchal - Jueves 2 de agosto 2012
En materia de investigación de delitos ambientales, Guatemala cuenta solo con tres fiscalías de Ambiente, una fiscalía de delitos contra el ambiente en la ciudad de Guatemala y en los departamentos de Petén e Izabal. La función principal es la persecución y dirección penal en investigación en los delitos de acción pública y en los que se tienen que realizar inspecciones de campo, inspecciones judiciales de calidad de anticipos de prueba, debates y audiencias. Una de las funciones principales de estas fiscalías es coordinar las investigaciones con las distintas instituciones administrativas (MARN, CONAP, INAB) y con la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA). Estas fiscalías dependen funcional y administrativamente de la fiscal general y jefe del MP. Estructuralmente, la Fiscalía de la ciudad de Guatemala cuenta con un fiscal de Sección, quien es la máxima autoridad y encargado de planificar, dirigir, coordinar las funciones relacionadas tanto con la persecución penal, como las de carácter administrativo; ahora bien, de conformidad con la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, artículo número 29, el Ministerio Público será parte en los procesos penales y ambientales para la aplicación de las penas, ¡interesante! fundamento que debe cumplirse. Por lo tanto, a mi criterio, el MP para cumplir con esta obligación legal en forma eficiente deberá contar como parte de su Política Criminal ambiental con más fiscalías ambientales en el interior del país, debido a la necesidad y urgencia de las mismas, ya que en Guatemala existen varias instituciones como las mencionadas que tramitan y sancionan solo administrativamente hechos que atenten contra el ambiente. Estos procesos administrativos han sido más efectivos que el MP, desde el punto de vista de tramitación y sanción, pero esto no garantiza que la situación ambiental en Guatemala esté cambiando, tampoco han servido como precedente que detengan las actividades que vulneran al ambiente, lo que da lugar a la impunidad ambiental, lo que debe corregirse para beneficio de todos los guatemaltecos.
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